La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado su informe sobre el Anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario (APL), que sustituye a la actual ley de 2003. La futura norma recoge las modificaciones que ha sufrido durante estos años la vigente Ley del Sector Ferroviario e incorpora diferentes disposiciones europeas al marco jurídico español.
La CNMC considera que no se ha conseguido incrementar de forma sustancial la cuota del ferrocarril respecto a otros modos de transporte. Por ello, la Comisión considera necesario un cambio en el modelo de explotación de las infraestructuras ferroviarias, que incentive un uso más eficiente de las mismas. La experiencia internacional demuestra que la apertura a la competencia de estos mercados ha supuesto incrementos sustanciales de tráfico.
En este sentido, la aplicación de las recomendaciones realizadas por esta Comisión en el Documento de Reflexión sobre el proceso de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril mejoraría la eficacia del proceso de liberalización y reforzaría la credibilidad y resultado final del proceso.
La CNMC considera que el Anteproyecto debería ser más ambicioso para conseguir la apertura efectiva de los mercados de transporte ferroviario. De esta forma, se podría evitar que se repita la experiencia en el transporte de mercancías, donde los efectos de la liberalización han sido limitados.
En consecuencia, la CNMC insiste en una serie de medidas para facilitar la entrada y consolidación de la competencia como el establecimiento de un marco regulatorio que favorezca la competencia. Esto evitará que Renfe-Operadora pueda llevar a cabo comportamientos que obstaculicen la entrada de potenciales competidores. Además, debe modificarse la estrategia de liberalización del transporte de viajeros, mediante un plan de actuación que marque la introducción de competencia progresiva de líneas y corredores, con criterios, hitos, fechas y ámbitos geográficos.
Finalmente, es esencial el diseño de un marco institucional que asegure que el regulador independiente cuenta con las funciones adecuadas para supervisar las obligaciones tanto de los gestores de infraestructuras como de Renfe-Operadora.
La CNMC considera que el Anteproyecto realiza una definición de los servicios de interés económico general que podría ser demasiado extensa. Este es el caso de las actividades de administración de infraestructuras como de transporte de la Red Ferroviaria de Interés General. En este sentido, considera que se debería justificar su necesidad y proporcionalidad para evitar posibles distorsiones competitivas.