8 May 2015

Aetram denuncia el dumping social y la competencia desleal en el sector

El Ministerio de Empleo ha anunciado que quiero aprobar una ley para garantizar que los trabajadores de empresas de otros países que operen en España cumplan con la legislación en materia laboral, estableciendo un régimen sancionador para las compañías “que no declaren previamente a las autoridades competentes cualquier servicio que vayan a realizar en España”.

Al respecto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha comprometido a trasponer antes de que termine la legislatura la directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios. Fuentes del ministerio han señalado que pese a que el plazo para adecuar la legislación española a la comunitaria vence a mediados de 2016, el Ejecutivo lo hará cuanto antes.

Aetram denuncia al respecto que “este fenómeno muy extendido en España y otros países de la UE se basa en la deslocalización de las grandes empresas de transporte (principalmente del sector mercancías) hacia países de la UE con menos costes de explotación de la actividad, lo que claramente genera una situación de competencia desleal”. De esta manera, continúa la asociación, ahorran una gran suma en impuestos y costes laborales en estos otros países. Esta “rebaja” de sus costes operativos les permite competir con el resto de empresas en condiciones ventajosas (competencia desleal) pues pueden trabajar a unos precios que para el resto de empresas es inasumible pues supone trabajar por debajo de sus costes.

Este cambio de tendencia de la Administración, que propugna una tolerancia cero con las prácticas de dumping social, no solo están teniendo repercusión en España, sino que los principales países europeos parecen igualmente preocupados por el tema (Francia y Alemania). De hecho, el Parlamento Europeo debatió recientemente, conjuntamente con la Comisión Europea, las condiciones laborales aplicables al sector del transporte por carretera (incluido el salario mínimo). La directiva reclama que se apliquen al contratista defraudador «sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas».

Aetram al respecto “considera de vital importancia para la supervivencia de las empresas cumplidoras de sus obligaciones laborales y sociales, la vigilancia y la adopción de medidas encaminadas a evitar la determinadas formas de competencia desleal por medio de la contratación irregular, el exceso de jornadas o de falta de descansos, considerando incluso que esta labor inspectora debe ampliarse decididamente a intensificar el control sobre los autocares de empresas transportistas de otras nacionalidades así como de otras Comunidades Autónomas que a diario, al amparo de la “vis atractiva” que provoca Madrid, realizan todo tipo de servicios en la capital”.

CARRILBUS

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